Mientras buena parte de la conversación regional sobre tecnología electoral sigue atrapada en los deepfakes y la desinformación generada con inteligencia artificial, Paraguay hizo el domingo 7 de junio algo menos fotogénico, pero bastante más concreto: puso en marcha uno de los ejercicios de voto híbrido más grandes de la región en lo que va del año. Se trataba de las internas partidarias simultáneas, esto es, el filtro obligatorio del que saldrán las candidaturas para las municipales del 4 de octubre. Al cierre de la jornada, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentó un balance institucional sin sobresaltos: su presidente, Jorge Bogarín, habló de una jornada “tranquila, ordenada”, con incidentes aislados, y destacó el despliegue de más de 8,700 funcionarios en todo el país.¹

El reflejo más fácil, y también el más frecuente en la cobertura, es preguntarse si la máquina es confiable. Pero en un sistema híbrido bien diseñado esa no debería ser la única pregunta, ni siquiera la principal; la discusión verdaderamente relevante es institucional: quién controla la compra, quién audita el software, bajo qué niveles de publicidad, quién observa la jornada y quién juzga el resultado. Visto así, el caso paraguayo ofrece un buen punto de partida para ordenar esa conversación sin caer en los dos extremos habituales: el entusiasmo tecnológico acrítico y la sospecha sistemática.

¿Qué pasó en números?

El operativo fue notable por su escala. El TSJE habilitó 12,364 mesas para que 54 partidos y movimientos eligieran a sus precandidatos, con cerca de 4,6 millones de afiliados convocados a un voto que el Código Electoral vuelve obligatorio, de cara a las 262 intendencias en disputa.² Para sostenerlo desplegó 16,582 máquinas de votación y sus maletines en 263 municipios, en una logística que movilizó vehículos, camiones de las Fuerzas Armadas e incluso embarcaciones para alcanzar los rincones más aislados.³

Sobre el cierre, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)⁴⁵, la joya de la corona del TSJE, fue entregando los cómputos por agrupación; en el Partido Colorado, el movimiento Honor Colorado se impuso en la mayoría del territorio, y en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —que además renovaba autoridades nacionales— se definió una conducción de perfil pragmático.⁶ Las cifras de participación, no obstante, deben tomarse aún como preliminares: las estimaciones de la jornada ubicaron la concurrencia colorada en torno al 35-37%, con lecturas posteriores que la describieron como la más alta del partido en una década, y una participación liberal sensiblemente menor.⁶ Ahora bien, el juzgamiento definitivo, vale recordarlo, no corresponde al TSJE sino a los tribunales electorales de cada partido, como manda la ley para las internas.¹

La jornada no estuvo exenta de tensiones. La Fiscalía reportó algunas detenciones por incidentes y, en Yataity, Guairá, se produjeron reclamos en torno a los votos asistidos, luego de que varios electores manifestaran dificultades para operar la máquina y pidieran ayuda para sufragar.⁶ Aunque se trató de un episodio aislado, recuerda que la experiencia de uso también forma parte de la integridad del proceso. Cuando un elector requiere asistencia para operar el sistema, el desafío consiste en preservar simultáneamente la accesibilidad y el secreto del voto.

¿Cómo funciona y cómo se controla?

Paraguay no usa voto electrónico puro ni papel puro: usa la Boleta Única Electrónica (BUE) —el sistema Magic Software Argentina (MSA), provisto para 2026 por el consorcio Comitia-MSA⁷, el mismo empleado en 2021 y 2023—. El elector entrega su cédula, recibe una papeleta y, frente a una pantalla táctil, elige sus candidaturas —puede votar en blanco y modificar la selección antes de confirmar—. Al confirmar, la máquina imprime el voto en la papeleta y lo graba en un chip RFID incrustado en ella. Antes de depositarla, el votante puede acercar la papeleta a un lector y comprobar en pantalla que el chip dice lo mismo que el papel. Finalmente, la boleta impresa se deposita en una urna convencional y, al cierre, los votos se cuentan leyendo los chips, lo que acelera los resultados.⁸

Ese es el atractivo del modelo híbrido: combina la velocidad de lo electrónico con la verificabilidad de un registro en papel que el propio elector lee con sus ojos. Así, resuelve sobre el papel, la objeción clásica contra las urnas electrónicas sin comprobante —si no hay rastro físico, no hay nada que recontar—. Paraguay sí lo tiene.

Igual de relevante, aunque menos visible, es la arquitectura de control que rodea a la máquina. El proceso de adquisición estuvo sometido a la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) bajo la Ley 7021, y el software fue sometido a una auditoría en dos etapas en la que los auditores técnicos de los propios partidos y movimientos pudieron examinar el funcionamiento, la programación y las medidas de seguridad de los equipos.⁸ A ello se suma el antecedente más fuerte para evaluar la tecnología: las elecciones generales de 2023, corridas con estas mismas máquinas, fueron observadas por más de 500 observadores internacionales —OEA, Unión Europea, UNIORE y A-WEB, entre otros— cuyos informes coincidieron en respaldar la integridad del proceso.⁹ Estas internas, por su parte, también contaron con el acompañamiento de una misión técnica electoral internacional de UNIORE.¹⁰

El debate público y la cautela analítica

Nada de esto clausura la discusión, ni debería. Toda tecnología electoral arrastra preguntas legítimas que conviene mantener abiertas: ¿cómo se documentan y comunican las auditorías al público?, ¿qué mecanismos permiten a partidos y observadores verificar los resultados?, ¿cómo se incorporan las recomendaciones de misiones anteriores? Empujar en esa dirección —más publicidad de las auditorías, contratación competitiva, mecanismos verificables de recuento y contraste— no es sembrar sospecha: es exigir las garantías mínimas que cualquier sistema apoyado en tecnología debería poder ofrecer.

También es cierto que, en un ecosistema electoral polarizado, no todas las críticas tienen el mismo punto de partida ni el mismo nivel de evidencia. Algunas expresan preocupaciones institucionales atendibles; otras reflejan diferencias de criterio propias de la competencia democrática; y otras combinan dudas técnicas con percepciones, experiencias previas o niveles distintos de confianza en las instituciones. Todas pueden formar parte del debate público, pero no deben tratarse como si tuvieran idéntico estatuto probatorio.

La cautela, entonces, debe operar en ambas direcciones. A la autoridad electoral le corresponde documentar y explicar sus procesos; a los partidos, observadores, medios y ciudadanía les corresponde formular sus cuestionamientos con la mayor precisión posible y sobre la base de evidencia verificable. Para un análisis riguroso, la regla práctica no es descalificar la crítica, sino ordenar sus planos: separar el dato verificable de la interpretación, distinguir una pregunta institucional abierta de una acusación de fraude, y exigir evidencia proporcional a la gravedad de cada afirmación.

¿Por qué importa para la región (y para el Caribe)?

El domingo paraguayo cae en medio de un mapa regional sin consenso sobre dónde debe descansar la confianza electoral. Colombia mantuvo para 2026 un modelo basado en papeleta física y reservó la tecnología para funciones complementarias, entre ellas la autenticación biométrica de los votantes.¹¹ Brasil, en cambio, lleva décadas votando con urnas electrónicas en todas sus mesas. Entre ambos extremos, Paraguay ofrece una experiencia distinta: un sistema híbrido en el que la máquina ordena, imprime y facilita la emisión y el conteo del voto, pero deja una constancia física que permite auditoría, recuento y contraste posterior.

Para el lector del Caribe la referencia no es ajena. De hecho, la República Dominicana ya transitó parte de ese debate con sus primarias simultáneas de 2019, acompañadas por una misión de UNIORE y por la avanzada técnica de la OEA.¹² Aquella experiencia dejó una enseñanza que sigue siendo regionalmente válida: la discusión sobre tecnología electoral no puede reducirse a si se usa o no una máquina. Lo decisivo es qué problema se quiere resolver, qué controles acompañan la solución, qué nivel de comprensión tienen los partidos sobre el sistema y qué capacidad real existe para auditarlo antes, durante y después de la jornada.

En ese punto, la cooperación técnica entre organismos electorales sigue siendo uno de los activos institucionales más importantes de América Latina y el Caribe. Las misiones de observación, las visitas técnicas, los intercambios entre autoridades y la comparación de arquitecturas permiten que cada país aprenda de los aciertos y tropiezos de los demás. Pero ese aprendizaje no sustituye el debate interno. Al contrario, lo ordena: ayuda a distinguir entre fallas de diseño, problemas de implementación, dudas razonables de los actores políticos y acusaciones que requieren un estándar de prueba mucho más alto.

Por todo ello, la lección paraguaya es sobria. El modelo de Boleta Única Electrónica puede funcionar operativamente a gran escala —16,582 máquinas no es poca cosa— y acumular observación favorable. Su mérito, sin embargo, no se agota en la máquina: descansa también en el andamiaje que la rodea —auditorías comprensibles, contratación transparente, capacitación para partidos y electores, recuento e impugnación claros, trazabilidad posterior—. Esa es, para cualquier autoridad que evalúe un modelo híbrido, la verdadera vara: que funcione el aparato y, con él, las reglas, los controles y la confianza pública.