La nota oficial del TSE presenta el encuentro como una conversación orientada a introducir mejoras. Sin embargo, al revisar los acontecimientos previos, se advierte un contexto distinto. El 11 de octubre, Meta ya había rechazado ante el tribunal las acusaciones de sesgo, aunque reconoció la existencia de fallas técnicas². Cuatro días después, el 15 de octubre, fecha en que se celebró la audiencia con Nunes Marques, el ministro Bellizze ordenó a la empresa garantizar un trato idéntico a ambos candidatos, bajo amenaza de una multa diaria³. Por tanto, Meta no acudió a la presidencia del tribunal por iniciativa propia para ofrecer colaboración, sino en medio de un proceso judicial en el que figuraba como demandada.

Esta secuencia permite entender mejor otro aspecto que la comunicación oficial deja sin desarrollar. La nota señala que el contenido afectó a "las dos campañas"⁴, pero la denuncia presentada ante el tribunal planteaba una situación diferente. Según la campaña de Lula, el asistente permitía generar imágenes de uno de los candidatos, mientras que imponía restricciones cuando se intentaba hacer lo mismo con el otro². La diferencia no es menor, pues el problema denunciado no consistía únicamente en una falla general del sistema, sino en el posible trato desigual entre candidaturas.

Aunque la causa aparente del incidente fue un filtro mal calibrado, el caso deja al descubierto una dificultad más profunda. Los mecanismos de moderación electoral se habían concebido para controlar el contenido publicado por terceros. En esta ocasión, sin embargo, el contenido provenía de una herramienta generativa desarrollada y operada por la propia plataforma. Esto cambia la naturaleza del problema, porque la empresa no solo debía supervisar lo que circulaba en sus servicios, sino también responder por el funcionamiento de su propio sistema.

Las reglas de 2026 ya establecen que los proveedores de inteligencia artificial no pueden favorecer candidaturas y que deben presentar planes de conformidad¹. El inconveniente es que esos planes recogen los compromisos y procedimientos declarados por las propias empresas, lo que no equivale necesariamente a comprobar cómo se comportan sus herramientas en situaciones concretas.

En su decisión, Bellizze reconoció la existencia de una falla, pero no encontró elementos suficientes para atribuirle una intención deliberada³. Desde el punto de vista jurídico, esta distinción resulta prudente. Desde el ámbito técnico, en cambio, deja una interrogante sin resolver: quienes están fuera de Meta no cuentan con los elementos necesarios para reconstruir por qué una instrucción dirigida al asistente IA es aceptada y otra termina bloqueada.

La solución adoptada consistió en impedir la generación de imágenes que incluyeran nombres o números de candidatos³. Con ello se corrigió el comportamiento desigual señalado en la denuncia, aunque mediante una restricción aplicada a todos los usuarios. En lugar de esclarecer el funcionamiento del filtro, se optó por limitar la función que había dado origen al conflicto.

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue la decisión relacionada con la preservación de metadatos en los canales de WhatsApp. Durante el encuentro con el Tribunal Superior Electoral, Meta confirmó que los mensajes publicados en estos canales no cuentan con cifrado de extremo a extremo⁴. Esta característica los diferencia de las conversaciones privadas y los grupos convencionales de WhatsApp, cuyos mensajes sí están protegidos mediante ese mecanismo. La distinción tiene consecuencias para la supervisión electoral, pues permite considerar medidas de conservación y acceso judicial a información de los canales sin extenderlas al contenido de las comunicaciones privadas.

Ahora bien, el compromiso asumido por Meta tiene límites concretos. Según lo informado por el TSE, la preservación de metadatos comprende las publicaciones realizadas en canales utilizados con fines de campaña que sean objeto de acciones ante la Justicia Electoral. Su entrega, además, queda condicionada a la existencia de una orden judicial⁴. Bajo estas condiciones, surge una dificultad: cuando la intervención judicial se produce después de la difusión o eliminación de determinados contenidos, puede resultar más difícil disponer de los registros necesarios para examinarlos.

La decisión representa, por tanto, una posibilidad de supervisión sobre los canales de difusión electoral, aunque su alcance depende de las condiciones establecidas para preservar y entregar la información. El caso también pone de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos de conservación de evidencias desde las primeras etapas de la campaña, de modo que una intervención judicial posterior no se vea limitada por la eventual pérdida de registros relevantes.

La experiencia brasileña muestra que disponer de normas específicas no garantiza, por sí solo, que los problemas puedan prevenirse. Brasil contaba con reglas sobre el uso de inteligencia artificial, un plan de conformidad firmado y un tribunal con potestad reglamentaria. Pese a ello, la intervención correctiva se produjo a partir de una denuncia presentada por una de las partes, cuando faltaban apenas diez días para la segunda vuelta.

Para los órganos electorales latinoamericanos que disponen de menos recursos y herramientas de supervisión, esta experiencia plantea una cuestión vinculada con el momento en que deben aplicarse los controles. No basta con establecer obligaciones para las plataformas si su cumplimiento solo se examina después de que aparece una controversia.

De ahí la conveniencia de exigir, desde antes del inicio de la campaña, pruebas de paridad en el funcionamiento de los asistentes generativos. Estas pruebas deberían acompañarse de resultados verificables, en lugar de limitarse a las descripciones ofrecidas por las propias empresas. Del mismo modo, sería necesario establecer desde el comienzo del período electoral un protocolo de preservación de metadatos para los canales de difusión.

El propósito es que las autoridades electorales puedan detectar posibles diferencias de trato y conservar información relevante antes de que se produzca una denuncia. La experiencia brasileña deja así una enseñanza concreta: la eficacia de la supervisión electoral no depende únicamente de las facultades legales disponibles, sino también de la oportunidad con que estas se ejercen.