La Oficina de Asesoria Juridica del Departamento de Justicia de EE. UU. divulgo el 13 de mayo de 2026 una opinion legal que sustenta su recoleccion de datos de votantes a escala nacional. El memorando se apoya en una disposicion de la Ley de Derechos Civiles de 1960 que obliga a conservar los registros electorales por 22 meses, y sostiene que ello faculta al fiscal general a obtener copias ‘a solicitud por escrito’. Cita ademas la HAVA, la NVRA y la Ley de Derecho al Voto. Varios estados se han negado a entregar datos personales y tribunales han desestimado litigios relacionados.