El cambio central del proyecto no está en el derecho a votar por internet, una modalidad que Ginebra ya había utilizado a gran escala, sino en quién pasa a operar la infraestructura. Durante años, el cantón votó mediante una plataforma de titularidad pública desarrollada por él mismo. El texto que llega al Grand Conseil modifica ese esquema, puesto que autoriza el uso de un sistema homologado perteneciente a otro cantón o a una empresa privada. En la práctica, solo existe uno homologado.³

La adaptación se plantea como una forma de alinearse con el derecho federal. Sin embargo, su consecuencia concreta es otra, pues supone reemplazar un operador público por un único operador externo. Ginebra ya había enfrentado una decisión similar en noviembre de 2018, cuando abandonó CHVote porque actualizar sus condiciones de seguridad costaba más de dos millones de francos¹. Ocho años después vuelve a la modalidad sin volver a la titularidad.

La homologación federal también requiere una lectura precisa. Que un sistema esté homologado significa que cumple determinados requisitos de verificabilidad, pero no que su funcionamiento cotidiano quede exento de fallas. En la votación federal del 8 de marzo de 2026, en Basilea-Ciudad, 2,048 votos electrónicos no pudieron descifrarse debido a irregularidades en el manejo de las llaves USB utilizadas para custodiar la clave². La falla, por tanto, no se produjo en la criptografía, sino en el procedimiento humano que la acompaña. Al adoptar el sistema, Ginebra incorpora también ese perímetro operativo.

Conviene, además, dimensionar qué implica hablar de un ensayo. Los cantones habilitados en junio de 2026 reunían alrededor de 181,000 electores, equivalentes a cerca del 3,24% del cuerpo electoral suizo². Ginebra entra en este esquema con dos colectivos acotados. Esa delimitación, más que un detalle, constituye el componente prudente del diseño.

Una de las decisiones con mayores consecuencias aparece, paradójicamente, en uno de los puntos menos visibles del proyecto, ya que, la ampliación del grupo habilitado queda vinculada a la introducción de la e-ID. Esta relación hace que el calendario del voto electrónico dependa de un proceso que se desarrolla en otra esfera. La ley federal sobre la e-ID fue aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2025 por un margen estrecho, con el 50,39% de votos favorables y una participación del 49,55%⁴. Un resultado tan ajustado no pone en cuestión su validez, pero sí permite apreciar el contexto político sobre el cual se apoya el calendario ginebrino.

La lectura para América Latina resulta especialmente pertinente para aquellos países que desarrollan simultáneamente infraestructuras de identidad digital y modalidades de voto no presencial. Vincular ambas soluciones puede parecer atractivo, porque una misma credencial podría facilitar la identificación y autenticación del elector. Sin embargo, la identidad digital no resuelve por sí sola los desafíos específicos del voto por internet, como el secreto del sufragio, la coerción fuera de un entorno controlado o la verificabilidad del resultado. A ello se suma otro riesgo: si ambas infraestructuras se hacen dependientes, el desarrollo del voto electrónico podría quedar condicionado por el ritmo de adopción de un sistema definido en otra esfera institucional. Por eso, cualquier país que decida vincular su hoja de ruta electoral con una identidad digital nacional debería prever desde el inicio qué ocurriría si el despliegue de esa credencial se retrasa o su adopción resulta limitada.