Lo que cambia no es la prohibición en sí, sino el sujeto al que se busca proteger. Durante siete años, los Lineamientos se concentraron en niños reales, requiriendo permiso, opinión y, cuando no había consentimiento, la difuminación del rostro. En 2024, sin embargo, la Sala Superior introdujo un criterio lógico en términos jurídicos, pero con un efecto problemático, ya que, un niño que no existe no puede ser titular de derechos vulnerados, y bajo esa interpretación, el PAN quedó absuelto³. Es decir, en la práctica, bastaba con generar al menor mediante IA para quedar fuera del régimen de consentimiento.

El nuevo texto busca cerrar esa salida trasladando la carga hacia la acreditación previa. Ahora el partido debe documentar cómo produjo la representación, qué herramientas utilizó, en qué fechas y mediante qué instrucciones, además de identificar el contenido de forma visible o audible⁸. El INE sustituye así una sanción posterior por un expediente previo; ese es el delta real.

El precedente regional más cercano tomó otro camino. La Resolución 23,732 del TSE brasileño exige rotular cualquier contenido sintético de campaña, sea de quien sea, y prohíbe los deepfakes bajo pena de perder el registro o el mandato⁵. México, en cambio, regula un universo estrecho, solo menores, pero con una exigencia más onerosa, puesto que no basta la etiqueta, hay que conservar capturas de pantalla, instrucciones y comandos que permitan reconstruir la fabricación⁸.

Ahí aparece una tensión que el comunicado deja fuera. Una captura de pantalla de un prompt puede producirse con facilidad, pero también puede alterarse o fabricarse después. Verificar esa trazabilidad supone capacidades forenses que, al menos a partir de lo que se conoce, no están claramente asociadas al Comité de Radio y Televisión. Por eso, la medida podría operar más como mecanismo de disuasión documental que como sistema de comprobación técnica. Eso no la vuelve irrelevante, pero sí obliga a dimensionar con precisión su alcance.

La regla llega por lineamiento y por orden judicial, no por ley, mientras la iniciativa de reforma electoral que propone etiquetar todo contenido de campaña generado con IA sigue sin destino confirmado en el Congreso⁶. El resultado es asimétrico: un menor sintético queda más protegido que un candidato real suplantado por deepfake; las campañas de 2027 se harán con la ley de 2014 y un parche sectorial⁷.

Para los órganos electorales latinoamericanos con potestad reglamentaria la lección es doble. La infancia es el terreno políticamente menos costoso para introducir trazabilidad y etiquetado, y una vez que partidos y productoras aprenden a documentar la fabricación de una imagen, extender la exigencia al resto de la propaganda es un paso corto. Que el INE haya empezado por ahí, obligado por un tribunal, no le resta valor.