La declaración del Centro Carter pone de relieve una decisión poco habitual: entre la primera y la segunda vuelta, la autoridad electoral optó por retirar un componente informático recientemente incorporado y reforzar los mecanismos manuales previstos para el procesamiento de resultados. Con ello, en un contexto de alta polarización y de un margen electoral muy estrecho, privilegió la verificabilidad del procedimiento sobre la rapidez del procesamiento. Más que un abandono de la tecnología, la medida representó un ajuste operativo destinado a recuperar confianza tras los problemas registrados el 12 de abril. Ese cambio solo se comprende a la luz de su antecedente inmediato: el STAE presentó incidencias durante la primera vuelta; posteriormente, el JNE interpuso una denuncia penal contra el entonces jefe de la ONPE, este renunció y la institución sustituyó a funcionarios vinculados con la implementación del sistema.¹³ Así, lo que el Centro Carter presenta como un fortalecimiento de la transparencia también puede entenderse como la respuesta institucional a dificultades previamente identificadas.

La documentación disponible muestra que los problemas del STAE no surgieron de manera completamente inesperada, pero tampoco puede afirmarse que se tratara de un sistema carente de controles previos. Antes de la elección, la ONPE informó que la solución había sido sometida durante 168 días a una auditoría externa basada en estándares internacionales, que había realizado simulacros operativos y que había abierto sesiones técnicas para partidos políticos, organismos públicos y misiones internacionales, incluyendo la revisión del código fuente.⁷ Paralelamente, un informe de fiscalización digital del propio JNE formuló trece observaciones al STAE, entre ellas la posibilidad de clonar el dispositivo USB de autenticación, la exposición de credenciales y funciones que permitían eliminar información.⁴

Leídas en conjunto, ambas fuentes muestran que una auditoría favorable no garantiza por sí sola el éxito operativo de un sistema electoral. Más bien, ponen de relieve que la confiabilidad depende también del alcance de las pruebas realizadas, de la gestión de las observaciones detectadas y de la capacidad institucional para decidir cuándo un componente reúne el nivel de madurez necesario para ser utilizado en una elección nacional. En ese sentido, el caso peruano trasciende el debate sobre una vulnerabilidad específica y plantea una cuestión más amplia de gobernanza tecnológica: cómo conciliar innovación, evaluación independiente y gestión prudente del riesgo cuando está en juego la confianza en un proceso electoral.

Una lectura conjunta del comunicado del Centro Carter y de la declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea permite precisar el mecanismo que explica la demora en la proclamación de los resultados. Por un lado, las incidencias del STAE motivaron que la ONPE descontinuara ese componente para la segunda vuelta. Por otro, tanto el Centro Carter como la MOE-UE atribuyen el retraso hasta el 17 de mayo principalmente al elevado número de actas observadas y de recuentos, agravado por la falta de armonización entre los procedimientos legales y reglamentarios, situación que obligó al JNE a adoptar decisiones extraordinarias para completar el escrutinio.⁶¹ En consecuencia, el STAE explica el quiebre operativo del 12 de abril, mientras que la demora en la proclamación respondió, sobre todo, a factores procedimentales y jurídicos, más que al componente informático descartado.

Al mismo tiempo, conviene precisar el alcance del pronunciamiento del Centro Carter. La misión desplegó un equipo de expertos especializado —no una observación integral de toda la jornada electoral— concentrado en Lima y Callao.⁶ Sin embargo, sus conclusiones convergen con las de otros observadores independientes. La MOE-UE, que desplegó más de 150 observadores y tuvo acceso a la descarga masiva de actas con sello de tiempo, y la Asociación Civil Transparencia, que tras la primera vuelta no encontró evidencia de irregularidades en el escrutinio, aportan una corroboración independiente de la integridad del proceso, más allá de las valoraciones realizadas por la propia administración electoral.¹⁵

Más que un debate entre automatización y procedimientos manuales, el caso peruano ilustra un desafío de gobernanza tecnológica aplicable a cualquier administración electoral. La experiencia muestra que la incorporación de un nuevo componente no concluye con una auditoría favorable, la publicación del código fuente o la realización de simulacros. La confianza pública depende también de la capacidad institucional para integrar esas evaluaciones, gestionar oportunamente las observaciones técnicas, validar el desempeño de los sistemas en condiciones reales de operación y corregir el rumbo cuando ello resulta necesario.⁴⁷

Asimismo, el episodio pone de relieve que la resiliencia de un proceso electoral no descansa únicamente en la robustez de sus herramientas tecnológicas. La forma en que las instituciones responden ante una falla —explicando sus causas, ajustando procedimientos y ofreciendo evidencia verificable de cada etapa del escrutinio— puede resultar tan determinante para la confianza pública como la tecnología utilizada. En ese sentido, la decisión de retirar el STAE para la segunda vuelta constituye menos un cuestionamiento a la automatización que un ejemplo de cómo la gestión del riesgo y la capacidad de adaptación forman parte de la propia integridad electoral.