El 25 de julio de 2026, la convención del Partido Liberal confirmó a Flavio Bolsonaro como candidato presidencial. Durante el acto se difundió un video protagonizado por un avatar de IA de Jair Bolsonaro, inelegible desde 2023 y sujeto a restricciones judiciales.² La reacción fue inmediata. La Federación Brasil de la Esperanza —integrada por el PT, el PV y el PCdoB— y el diputado Lindbergh Farias solicitaron al TSE que examinara si la pieza infringía las normas sobre contenido sintético. A su vez, el diputado Reimont llevó el caso ante la PGR.³ La defensa sostuvo que el video incluía una advertencia explícita sobre el uso de IA y que, por tanto, no podía considerarse un deepfake engañoso.³ Al cierre de esta edición, el tribunal, con Kassio Nunes Marques como relator, aún no había emitido una decisión. El episodio permanecía abierto, precisamente, en el punto donde la norma ofrece menos claridad.

A primera vista, el caso parece derivarse de una posible incompatibilidad con la Resolución 23,755/2026, que exige identificar el contenido sintético y prohíbe los deepfakes destinados a favorecer o perjudicar candidaturas, incluso cuando estén etiquetados.¹⁴ Sin embargo, ahí surge la dificultad central. El etiquetado busca evitar el engaño, pero el problema planteado por el avatar no radica en ocultar su carácter artificial, pues este se declara de manera expresa. Lo que hace la pieza es reincorporar a la campaña a una figura apartada del proceso electoral por dos vías diferentes. Jair Bolsonaro es inelegible desde 2023 y, además, tiene prohibido manifestarse sobre las elecciones.²³ La cuestión de fondo, por tanto, no depende de la calidad técnica del deepfake, sino del vacío normativo que aparece cuando un avatar identificado presta su voz a un candidato inhabilitado y sometido a restricciones de expresión.

Las normas anti-deepfake de la región se diseñaron para enfrentar la manipulación engañosa, es decir, materiales alterados que se presentan como reales. El caso brasileño, sin embargo, pone en evidencia un punto ciego de ese enfoque: aquí el conflicto no surge de una IA oculta, sino de una tecnología cuyo uso se declara de forma expresa.

Ese cambio modifica el centro del análisis. Cuando un avatar etiquetado se utiliza para devolver presencia pública a una persona inelegible o sometida a restricciones de expresión, ya no basta con determinar si el contenido es falso o verdadero. También es necesario establecer a quién debe atribuirse el mensaje, quién se beneficia de su difusión y si la persona representada estaba autorizada para intervenir en la campaña.

Por ello, los reguladores electorales latinoamericanos que adopten el modelo del etiquetado obligatorio deberían contemplar también esta segunda dimensión. De no hacerlo, podrían verse obligados a improvisar una respuesta cuando un avatar declarado se utilice para eludir límites personales previamente impuestos.